[Publicación Nº 26]
[Por: Jorge Altamira, Marcelo Ramal, Juan Ferro, Daniel Blanco, Julio Quintana, Pablo Busch, Pablo Viñas]
[Tomado de la página de Jorge Altamira en Facebook]
El Comité Nacional del PO acaba de hacer pública la intención de romper
el Partido Obrero; romper con los principios de la democracia obrera del
partido; romper con su trayectoria histórica, y romper con el programa –
aprobado en un Congreso de la corriente internacional a la que pertenece el
Partido Obrero, en abril de 2004, en Buenos Aires. Un partido revolucionario no
es su aparato: es el contenido histórico que representa su programa; su combate
para que la clase obrera se desarrolle como sujeto político independiente; su
liderazgo probado en la lucha contra varias dictaduras, su trabajo teórico
enorme; su estrategia. Romper con esta historia es un acto de usurpación
política.
El comunicado que ha hecho público el aparato dirigente no vacila en caer en la farsa. “Altamira y su grupo, dice, rompen con el Partido Obrero”. ¿De qué ‘grupo’ se trata; quiénes son sus integrantes; cuántos dirigentes obreros reconocidos en sus lugares de trabajo lo componen; cuál es su trayectoria política? El comunicado del aparato oficial le esconde a los trabajadores la naturaleza social y política del ‘grupo’, porque la simple mención de ello lo desenmascararía como lo que es – un aparato de funcionarios que violenta a cada día y a cada hora la democracia partidaria; la posibilidad de los militantes de expresar sus posiciones en la prensa; el establecimiento de un régimen de censura, más grosero naturalmente que el que aplican la clase capitalista y su Estado, incluido el espionaje a los correos electrónicos de los cuadros más y menos destacados.
¿Qué es exactamente ese ‘grupo’? El ‘grupo’ en cuestión no es una capilla que se oculta sino que acaba de participar en una Asamblea Nacional con la presencia de 372 militantes, quienes aprobaron una Declaración que ya ha sido firmada por 778 compañeros, y que en días más superará las mil adhesiones. ¿Puede una organización revolucionaria privar del derecho de opinión a estos militantes, que actúan en el marco de la unidad de acción del Partido Obrero en la lucha cotidiana contra el capital y su Estado, y contra el imperialismo mundial?
Estos compañeros reclaman, a cara descubierta y con planteos escritos sobre papel, blanco sobre negro, el respeto al derecho establecido en el Partido Obrero a constituir una fracción o tendencia pública en las condiciones políticas concretas de la crisis por la que atraviesa el PO. Es una crisis que se manifiesta en la censura que se ha ido acentuando con el paso del tiempo; en el número indeterminado de expulsiones y sanciones ocurridas en los últimos tres años, adoptadas en todos los niveles y no informadas al conjunto de la militancia; y que se manifiesta en las discusiones internas vinculadas al programa y la estrategia del PO. Como lo han probado una serie de hechos, en especial en el último tiempo, se trata de una crisis que envuelve al Frente de Izquierda y los Trabajadores y más allá de él. “Altamira y su grupo rompen con el Partido Obrero”, es solamente la expresión falaz del intento de acallar un debate político que alcanza incluso a la izquierda internacional, mediante procedimientos administrativos de un aparato. Esa falacia apunta a disimular las intenciones de ese aparato de desnaturalizar al Partido Obrero y romper con su trayectoria, o sea su contenido. Desde el vamos, el comunicado del CC está plagado de contradicciones y falsedades. En primer lugar, lo que se presenta como “grupo de Altamira” ha presentado una declaración de principios donde se desarrolla un planteamiento integral sobre la situación internacional, la crisis política argentina, las consignas de la etapa y la cuestión del régimen interno partidario. No se trata de un “petitorio”, sino de adhesiones militantes a un planteo de defensa del programa y de recuperación de los métodos históricos del Partido Obrero, malversados por una dirección que apaña el espionaje y la delación para socavar el debate político y entregarse a un electorerismo febril. El supuesto “grupo”, por lo tanto, ha cosechado la adhesión de militantes de todo el país y, en algunos casos, de regionales enteras, en torno de un planteo político que dirigentes como Jorge Altamira y Marcelo Ramal desarrollaron a lo largo de al menos dos años, con textos por escrito.
El comunicado que ha hecho público el aparato dirigente no vacila en caer en la farsa. “Altamira y su grupo, dice, rompen con el Partido Obrero”. ¿De qué ‘grupo’ se trata; quiénes son sus integrantes; cuántos dirigentes obreros reconocidos en sus lugares de trabajo lo componen; cuál es su trayectoria política? El comunicado del aparato oficial le esconde a los trabajadores la naturaleza social y política del ‘grupo’, porque la simple mención de ello lo desenmascararía como lo que es – un aparato de funcionarios que violenta a cada día y a cada hora la democracia partidaria; la posibilidad de los militantes de expresar sus posiciones en la prensa; el establecimiento de un régimen de censura, más grosero naturalmente que el que aplican la clase capitalista y su Estado, incluido el espionaje a los correos electrónicos de los cuadros más y menos destacados.
¿Qué es exactamente ese ‘grupo’? El ‘grupo’ en cuestión no es una capilla que se oculta sino que acaba de participar en una Asamblea Nacional con la presencia de 372 militantes, quienes aprobaron una Declaración que ya ha sido firmada por 778 compañeros, y que en días más superará las mil adhesiones. ¿Puede una organización revolucionaria privar del derecho de opinión a estos militantes, que actúan en el marco de la unidad de acción del Partido Obrero en la lucha cotidiana contra el capital y su Estado, y contra el imperialismo mundial?
Estos compañeros reclaman, a cara descubierta y con planteos escritos sobre papel, blanco sobre negro, el respeto al derecho establecido en el Partido Obrero a constituir una fracción o tendencia pública en las condiciones políticas concretas de la crisis por la que atraviesa el PO. Es una crisis que se manifiesta en la censura que se ha ido acentuando con el paso del tiempo; en el número indeterminado de expulsiones y sanciones ocurridas en los últimos tres años, adoptadas en todos los niveles y no informadas al conjunto de la militancia; y que se manifiesta en las discusiones internas vinculadas al programa y la estrategia del PO. Como lo han probado una serie de hechos, en especial en el último tiempo, se trata de una crisis que envuelve al Frente de Izquierda y los Trabajadores y más allá de él. “Altamira y su grupo rompen con el Partido Obrero”, es solamente la expresión falaz del intento de acallar un debate político que alcanza incluso a la izquierda internacional, mediante procedimientos administrativos de un aparato. Esa falacia apunta a disimular las intenciones de ese aparato de desnaturalizar al Partido Obrero y romper con su trayectoria, o sea su contenido. Desde el vamos, el comunicado del CC está plagado de contradicciones y falsedades. En primer lugar, lo que se presenta como “grupo de Altamira” ha presentado una declaración de principios donde se desarrolla un planteamiento integral sobre la situación internacional, la crisis política argentina, las consignas de la etapa y la cuestión del régimen interno partidario. No se trata de un “petitorio”, sino de adhesiones militantes a un planteo de defensa del programa y de recuperación de los métodos históricos del Partido Obrero, malversados por una dirección que apaña el espionaje y la delación para socavar el debate político y entregarse a un electorerismo febril. El supuesto “grupo”, por lo tanto, ha cosechado la adhesión de militantes de todo el país y, en algunos casos, de regionales enteras, en torno de un planteo político que dirigentes como Jorge Altamira y Marcelo Ramal desarrollaron a lo largo de al menos dos años, con textos por escrito.
Falsificaciones y exclusiones
El comunicado del CC también falsifica la realidad al afirmar que
“rompemos con el Partido”. El documento proclama una fracción pública del
Partido Obrero, o sea, de su programa, su historia y su organización. Ninguno
de los adherentes a nuestra fracción se retiró de los círculos y organismos que
integraba ni tampoco ha dejado de participar de las actividades partidarias.
Por el contrario, y como hemos verificado en estas horas, ha sido la dirección
la que dio la orden de dejar afuera de los organismos y grupos de WhatsApp a
decenas de militantes y dirigentes por el solo hecho de haber participado de
una asamblea “no autorizada”, y suscripto un documento político y programático
absolutamente legítimo. En los casos de Jorge Altamira, Marcelo Ramal y Juan
Ferro, los compañeros vienen siendo censurados en el periódico partidario;
fueron calumniados, espiados y acusados infundadamente de “conspirar con
enemigos del partido”, y luego “invitados” a convivir en organismos del CC con
sus calumniadores y censores. Luego, el CC tampoco les ha permitido integrarse
a ningún otro organismo partidario, cuando ellos lo solicitaron.
¿“Afuera del partido”? Todos los que hemos suscripto la declaración de la fracción o participado de la asamblea del 23 somos militantes plenos del PO, y la mejor prueba de ello es nuestro compromiso con esta fracción pública. Demostramos, de ese modo, hasta qué punto estamos empeñados de rescatar a nuestro partido de una deriva conservadora, electorera y de burocratismo interior.
Absurdamente, el comunicado nos acusa de pretender hacer campaña electoral “por fuera de lo resuelto por la dirección del Partido”. Pero ¿qué es lo que pretenden? ¿El monopolio de la campaña electoral para un grupo de candidatos? En el Partido Obrero, la campaña electoral, como instancia de agitación y propaganda política, es patrimonio de todos sus militantes. Pero la afirmación es doblemente absurda porque los voceros o dirigentes de la fracción pretendemos contribuir a la campaña aún cuando hemos sido claramente excluidos de las listas electorales. Más aún: en varios distritos, el CC ha maniobrado para desplazar de las listas a integrantes o adherentes a nuestra fracción, en beneficio del partido recién ingresado al FIT-U, o sea, el MST. Pero nuestra exclusión de la campaña electoral, en cualquier caso, es sólo un aspecto de una tentativa más general de confinamiento político. Recientemente, el CC boicoteó sin escrúpulos una gira de charlas de Altamira por el interior del país, por el 50º aniversario del Cordobazo. Las regionales que lo invitaron debieron apelar al esfuerzo de militantes y simpatizantes para costear estos viajes. ¿Dónde están entonces los rupturistas? En la supresión política de Altamira y otros compañeros, se apunta a la amputación de un legado político. La malversación de ese legado, por parte de la actual dirección, ha sido el eje de los debates que hemos sostenido en estos dos años. Por caso, la revisión –por parte de ella– de la caracterización de la actual etapa de declinación del capital y de impasse histórica de la burguesía y, por lo tanto, de “guerras y revoluciones”, de crisis políticas y convulsiones sociales, que enlazan a las reivindicaciones más apremiantes de las masas con la cuestión del poder político.
Como parte del ataque a ese legado, se rechaza ahora el derecho de todo militante o tendencia, dentro de un partido obrero, a expresar sus opiniones y planteamientos políticos de cara a toda la clase obrera. El rechazo a que una tendencia o fracción pueda hacer pública sus posiciones –eso es lo que sostiene el actual CC– malversa al centralismo democrático. La unidad de acción, que reivindicamos, nunca puede ser la excusa para la unidad de pensamiento o el cercenamiento del debate político. Por el contrario, sostenemos que la acción unida del partido sólo puede ser el resultado de su conciencia colectiva, forjada en el debate y la elaboración común.
Ataques y expulsiones
El comunicado del CC fue precedido por una ola de ataques sobre locales partidarios de diversos puntos del país (Tucumán, Bahía Blanca, Quilmes, Villa Ortúzar, entre otros). Allí, presuntos personeros del CC, entre gallos y medianoche, cambiaron candados y cerraduras y sustrajeron materiales y objetos de valor. Esto es lo que, al final de su texto, el CC anuncia como “las medidas necesarias para… preservar su patrimonio político, material, económico y legal”. Pero el Partido Obrero carece de “patrimonio”, sus recursos materiales son los de la militancia de todo el país. La sustracción de computadoras y equipos de impresión –como ocurrió en el local central de Tucumán– es un despojo al Partido Obrero y a sus militantes, que han aportado a la estructura política y material de sus regionales con enormes esfuerzos. Como parte de esta depredación, han sido sustraídos como administradores de las páginas de Facebook regionales –Santa Fe, Tucumán y otras– los militantes y dirigentes que adhieren a nuestra fracción. El CC podrá intervenir “virtualmente” o personalmente a las regionales opositoras, pero ello no hará más que reforzar una repulsa que, a medida que pasan las horas, se extiende a la escala de todo el partido. Estos actos de depredación política ocurren, por otra parte, en plena campaña electoral, la misma que, según la dirección del partido, sería “boicoteada” por nuestra fracción. Los supuestos denunciantes de una “ruptura” no han vacilado en escalar una acción patoteril, llevada adelante contra la voluntad de los militantes de las regionales agredidas. Mientras escribimos este texto, tomamos conocimiento de una escalada de expulsiones contra compañeros que han suscripto el manifiesto de nuestra fracción, varios de los cuales han sido forzados a renunciar como candidatos del FIT-U en sus distritos.
El planteo de constitución de una fracción, que preside el documento que presentamos, es una tentativa última para defender la unidad partidaria, desafiada por la violación creciente de la democracia interna y las agresiones faccionales de la dirección. Pero el CC invierte las cosas: presenta como rupturistas a quienes declaramos nuestra pertenencia y defensa del programa del PO, y avanza él en un camino escisionista. Nos atribuyen la supuesta decisión de apartarnos del partido para no hacerse cargo de una expulsión que, sin embargo, intentarán poner en marcha. En forma deliberada, la dirección escamotea los resultados de una crisis que es resultado de su propia deriva política, blindada con métodos de patota, ataques personales, descalificaciones y espionaje.
Tras haberle insistido a Altamira y Ramal a que se constituyan en tendencia o fracción, ahora el CC califica la constitución de la fracción como “maniobra rupturista”, rechaza la posibilidad de que esta pueda acceder a los recursos del partido en proporción a su representatividad y pretende ahogar la opinión de cuadros y militantes fogueados en largos años de lucha.
Reclamamos que se hagan públicas la totalidad de las adhesiones al documento de la fracción; su inmediato reconocimiento, junto a los recursos correspondientes para que ésta pueda desarrollar su actividad en el marco del Partido Obrero; reclamamos la investigación y la separación de las filas partidarias a los responsables del espionaje a miembros del PO; y el cese de todas las agresiones y usurpaciones como las cometidas en las últimas horas.
La tarea de frustrar esta tentativa de malversación del programa y nuestros métodos le cabe al conjunto de la militancia del PO, en la cual palpita la trayectoria histórica de nuestro partido.
¿“Afuera del partido”? Todos los que hemos suscripto la declaración de la fracción o participado de la asamblea del 23 somos militantes plenos del PO, y la mejor prueba de ello es nuestro compromiso con esta fracción pública. Demostramos, de ese modo, hasta qué punto estamos empeñados de rescatar a nuestro partido de una deriva conservadora, electorera y de burocratismo interior.
Absurdamente, el comunicado nos acusa de pretender hacer campaña electoral “por fuera de lo resuelto por la dirección del Partido”. Pero ¿qué es lo que pretenden? ¿El monopolio de la campaña electoral para un grupo de candidatos? En el Partido Obrero, la campaña electoral, como instancia de agitación y propaganda política, es patrimonio de todos sus militantes. Pero la afirmación es doblemente absurda porque los voceros o dirigentes de la fracción pretendemos contribuir a la campaña aún cuando hemos sido claramente excluidos de las listas electorales. Más aún: en varios distritos, el CC ha maniobrado para desplazar de las listas a integrantes o adherentes a nuestra fracción, en beneficio del partido recién ingresado al FIT-U, o sea, el MST. Pero nuestra exclusión de la campaña electoral, en cualquier caso, es sólo un aspecto de una tentativa más general de confinamiento político. Recientemente, el CC boicoteó sin escrúpulos una gira de charlas de Altamira por el interior del país, por el 50º aniversario del Cordobazo. Las regionales que lo invitaron debieron apelar al esfuerzo de militantes y simpatizantes para costear estos viajes. ¿Dónde están entonces los rupturistas? En la supresión política de Altamira y otros compañeros, se apunta a la amputación de un legado político. La malversación de ese legado, por parte de la actual dirección, ha sido el eje de los debates que hemos sostenido en estos dos años. Por caso, la revisión –por parte de ella– de la caracterización de la actual etapa de declinación del capital y de impasse histórica de la burguesía y, por lo tanto, de “guerras y revoluciones”, de crisis políticas y convulsiones sociales, que enlazan a las reivindicaciones más apremiantes de las masas con la cuestión del poder político.
Como parte del ataque a ese legado, se rechaza ahora el derecho de todo militante o tendencia, dentro de un partido obrero, a expresar sus opiniones y planteamientos políticos de cara a toda la clase obrera. El rechazo a que una tendencia o fracción pueda hacer pública sus posiciones –eso es lo que sostiene el actual CC– malversa al centralismo democrático. La unidad de acción, que reivindicamos, nunca puede ser la excusa para la unidad de pensamiento o el cercenamiento del debate político. Por el contrario, sostenemos que la acción unida del partido sólo puede ser el resultado de su conciencia colectiva, forjada en el debate y la elaboración común.
Ataques y expulsiones
El comunicado del CC fue precedido por una ola de ataques sobre locales partidarios de diversos puntos del país (Tucumán, Bahía Blanca, Quilmes, Villa Ortúzar, entre otros). Allí, presuntos personeros del CC, entre gallos y medianoche, cambiaron candados y cerraduras y sustrajeron materiales y objetos de valor. Esto es lo que, al final de su texto, el CC anuncia como “las medidas necesarias para… preservar su patrimonio político, material, económico y legal”. Pero el Partido Obrero carece de “patrimonio”, sus recursos materiales son los de la militancia de todo el país. La sustracción de computadoras y equipos de impresión –como ocurrió en el local central de Tucumán– es un despojo al Partido Obrero y a sus militantes, que han aportado a la estructura política y material de sus regionales con enormes esfuerzos. Como parte de esta depredación, han sido sustraídos como administradores de las páginas de Facebook regionales –Santa Fe, Tucumán y otras– los militantes y dirigentes que adhieren a nuestra fracción. El CC podrá intervenir “virtualmente” o personalmente a las regionales opositoras, pero ello no hará más que reforzar una repulsa que, a medida que pasan las horas, se extiende a la escala de todo el partido. Estos actos de depredación política ocurren, por otra parte, en plena campaña electoral, la misma que, según la dirección del partido, sería “boicoteada” por nuestra fracción. Los supuestos denunciantes de una “ruptura” no han vacilado en escalar una acción patoteril, llevada adelante contra la voluntad de los militantes de las regionales agredidas. Mientras escribimos este texto, tomamos conocimiento de una escalada de expulsiones contra compañeros que han suscripto el manifiesto de nuestra fracción, varios de los cuales han sido forzados a renunciar como candidatos del FIT-U en sus distritos.
El planteo de constitución de una fracción, que preside el documento que presentamos, es una tentativa última para defender la unidad partidaria, desafiada por la violación creciente de la democracia interna y las agresiones faccionales de la dirección. Pero el CC invierte las cosas: presenta como rupturistas a quienes declaramos nuestra pertenencia y defensa del programa del PO, y avanza él en un camino escisionista. Nos atribuyen la supuesta decisión de apartarnos del partido para no hacerse cargo de una expulsión que, sin embargo, intentarán poner en marcha. En forma deliberada, la dirección escamotea los resultados de una crisis que es resultado de su propia deriva política, blindada con métodos de patota, ataques personales, descalificaciones y espionaje.
Tras haberle insistido a Altamira y Ramal a que se constituyan en tendencia o fracción, ahora el CC califica la constitución de la fracción como “maniobra rupturista”, rechaza la posibilidad de que esta pueda acceder a los recursos del partido en proporción a su representatividad y pretende ahogar la opinión de cuadros y militantes fogueados en largos años de lucha.
Reclamamos que se hagan públicas la totalidad de las adhesiones al documento de la fracción; su inmediato reconocimiento, junto a los recursos correspondientes para que ésta pueda desarrollar su actividad en el marco del Partido Obrero; reclamamos la investigación y la separación de las filas partidarias a los responsables del espionaje a miembros del PO; y el cese de todas las agresiones y usurpaciones como las cometidas en las últimas horas.
La tarea de frustrar esta tentativa de malversación del programa y nuestros métodos le cabe al conjunto de la militancia del PO, en la cual palpita la trayectoria histórica de nuestro partido.
30 de junio de 2019
Jorge Altamira, Marcelo Ramal, Juan
Ferro, Daniel Blanco, Julio Quintana, Pablo Busch, Pablo Viñas.
(girado a los compañeros que han adherido
a la fracción pública del PO)
